Mientras la situación bélica en Gaza y Ucrania está presente a diario, el conflicto armado en la República Democrática del Congo entra en su cuarta y convulsa década ante la indiferencia y el silencio de la comunidad internacional. La proximidad del 25 de mayo, Día de África, es una buena ocasión para reclamar atención hacia un país que apenas ha conocido tiempos de paz.
La República Democrática del Congo (RDC), de unos 2.344.000 kilómetros cuadrados (cuatro veces y media la extensión de España), con 100 millones de habitantes y 11.000 kilómetros de fronteras con nueve Estados, ha padecido durante el último siglo múltiples crisis. La época colonial belga, plagada de despotismo, represión y explotación inmisericorde de recursos naturales, dio paso a la independencia en 1960 y a más de 30 años de dictadura de Mobutu Sese Seko, quien no varió la conducta política y económica de la época colonial; las élites mobutistas se enriquecieron con la expoliación minera.
En Ruanda, país colindante, se produjo hace 30 años uno de los mayores genocidios de la historia. El Gobierno ruandés, en manos de la etnia hutu (minoritaria en el país), perpetró una masacre descrita por la ONU como «planificada, sistemática y metódica» en la que murieron entre 800.000 y un millón de tutsis. Más de dos millones de personas huyeron a la RDC, de las que una buena parte habían sido responsables del genocidio.
Dos años más tarde, el nuevo régimen ruandés liderado por Paul Kagame y el Gobierno de Uganda apoyaron una invasión a la RDC llevada a cabo por el rebelde general Laurent Kabila. Su objetivo declarado era desmantelar los campos de refugiados de quienes habían huido del genocidio ruandés de 1994, donde miembros del antiguo Gobierno y del ejército ruandeses preparaban un golpe de estado contra Mobutu Sese Seko. Fue “la primera guerra congolesa” (1996-1997). Aquella y las que siguieron han causado más de cinco millones de muertos. El país se encuentra sumido en la crisis humanitaria más compleja y prolongada de África.
Desde 1997, las guerras han causado más de cinco millones de muertos. El país se encuentra sumido en la crisis humanitaria más compleja y prolongada de África
El capítulo más reciente arrancó en marzo de 2022, con el recrudecimiento de los enfrentamientos armados en las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, al oriente del país, donde el movimiento rebelde M23 (23 de marzo), respaldado por Ruanda, controla buena parte del territorio.
Los dos actores principales son el M23 y el ejército oficial, pero aglutinan otras fuerzas. Al lado del M23 combaten varias milicias locales, algunas con planteamientos yihadistas. También el ejército cuenta con varias milicias, algunas de ellas dirigidas por responsables del genocidio en Ruanda de 1994. Se habla de unos 130 grupos armados que cuentan con armamento sofisticado (drones, misiles tierra-aire y rifles de asalto de alta gama).
Los enfrentamientos han provocado el desplazamiento de casi 7 millones de personas, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Más de 25 millones necesitan asistencia humanitaria. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, Médicos Sin Fronteras y otras ONG ofrecen albergue y ayuda humanitaria, pero sus presupuestos están muy lejos de poder atender a tantas necesidades. El conflicto provoca un desastre humanitario que, con frecuencia, impide que la ayuda llegue a las víctimas.
Según Naciones Unidas, la RDC es uno de los países con peor situación desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos. La militarización y la violencia se han convertido allí en las fuerzas dominantes, siendo las mujeres y las niñas las que llevan la peor parte, ya que se enfrentan a la violencia sexual y de género y, con frecuencia, deben realizar “trabajos sexuales” como único medio para sobrevivir.
La militarización y la violencia son las fuerzas dominantes en la RDC, siendo las mujeres y las niñas las que llevan la peor parte, ya que se enfrentan a la violencia sexual y de género
La RDC es un país muy rico en recursos naturales, sobre todo minerales en la zona oriental. Entre los más codiciados: cobalto, cobre, estaño, uranio, oro, diamantes, casiterita, tungsteno y, sobre todo, coltán, material idóneo para fabricar móviles, ordenadores, videojuegos, todo tipo de productos electrónicos y armas de última generación. Se calcula que allí se encuentra el 80% de las reservas mundiales de coltán.
Durante más de 40 años, buena parte de las guerras tienen que ver con el control y la explotación de sus enormes reservas minerales que van a parar a países y empresas occidentales (estadounidenses, británicas, alemanas, suizas, holandesas, belgas…), actuando Ruanda de puente. ¿Cómo explicar que este país sea el mayor exportador de coltán del mundo, siendo que apenas tiene yacimientos? Tampoco tiene minas de oro y, sin embargo, es su principal producto de exportación.
Durante más de 40 años, buena parte de sus guerras tienen que ver con el control y la explotación de sus enormes reservas minerales que van a parar a países y empresas occidentales, actuando Ruanda de puente
Los grupos armados y el propio ejército congoleño se benefician de la explotación de esos recursos y forman parte de las redes altamente sofisticadas que dominan su comercio. Controlan las minas y las rutas clandestinas de tránsito, cobran sobornos e impuestos a los transportistas y a los compradores locales e internacionales y explotan a los trabajadores mineros. El Gobierno, sumido en una corrupción e ineficiencia endémicas, poca cosa puede hacer. Por la exportación de un contenedor de estaño desde Ruanda se paga un impuesto de 200 dólares, mientras que por el mismo contenedor exportado desde el Congo se pagan 6.500.
Los grupos armados y el propio ejército congoleño se benefician de la explotación de los recursos y forman parte de las redes altamente sofisticadas que dominan su comercio
Otros países como Ruanda, Uganda, y Burundi en menor medida, se han beneficiado también del comercio ilegal de minerales y contribuyen de manera directa a la inestabilidad de la RDC.
Estados Unidos y la Unión Europea han establecido una “certificación obligatoria” que las empresas importadoras deben presentar para demostrar que sus materiales proceden de “minas libres de conflicto”. Pero los supervisores “no son capaces” de establecer el origen del 67% del coltán.
La comunidad internacional continúa indiferente ante la tragedia que se vive en la RDC, sin proponer siquiera alternativas diplomáticas para cambiar una situación, sin duda muy compleja, debido a la extensa red de actores económicos, empresariales, políticos y militares locales e internacionales presentes en la propia RDC y en los países vecinos, principalmente en Ruanda.
