Los pobres pagan el festín climático

Por primera vez un país africano, Egipto, ha sido la sede de la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), lo que guarda un valor simbólico, especialmente cuando uno de los temas estrella era la compensación por los daños y pérdidas sufridas por los países que menos han contribuido a la crisis climática, y son los que más la sufren. Los resultados, sin embargo, no son para tirar cohetes. “En la COP –dice María Serra, activista por el clima y embajadora europea por el Pacto Climático- se protegen los intereses de pocos, ignorando los intereses de muchos”.

Algunas paradojas. Primero, el país, que cuenta, según Amnistía Internacional, con un “terrible historial de represión de las organizaciones de la sociedad civil y de castigo al activismo de derechos humanos y al periodismo independiente”. Las protestas, por una vez, han tenido lugar en el interior del recinto por la sencilla razón de que en Egipto están prohibidas las manifestaciones. Segundo, el enclave: el balneario de Sharm el-Sheikh. El enviado de Le Monde escribía:Durante dos semanas, los 33.000 participantes han tiritado bajo una climatización al máximo, en un centro de conferencias situado en el desierto de la península del Sinaí, regularmente sobrevolado por aviones cubriendo a veces las palabras de los conferenciantes. Un sistema de autobuses estaba disponible… para acercarlos a resorts con múltiples piscinas y césped regado a pleno sol.” Esos miles de personas fueron las delegaciones de más de 190 países, más una nutrida representación de 636 grupos de presión de empresas de combustibles fósiles, superando en número las delegaciones de los países más afectados por la emergencia climática, y los directores generales de BP, Shell, Total y Occidental.

Por último, la Cumbre ha estado patrocinada por Coca-Cola, la empresa que más basura de plástico genera en el mundo, según la plataforma internacional Break free from plastic. Con este panorama, ¿qué podría salir mal?

El evento no empezó con «buen clima». El compromiso asumido en los Acuerdos de París de no superar una subida de 1,5ºC, el punto de no retorno marcado por los científicos, cada vez es más quimérico. Climate Action Tracker  (CAT) presentó en la COP27 datos que revelan que el termómetro marca ya 1,2ºC y, según vamos, es de temer una subida cada vez más acelerada. Los efectos ya no son previsiones, sino experiencias del presente: deshielo de los polos y consecuente subida del nivel del mar, sequías extremas, ciclones, lluvias torrenciales… causando cada año miles de muertes y constituyendo la primera causa de desplazamientos forzosos.

Desde hace un año, cuando la COP26 se celebró -ignoro qué justifica el uso de este verbo para estos eventos- en Glasgow, el mundo ha cambiado en aspectos que, al menos las gentes de a pie, incluso numerosos expertos, no imaginábamos. Cuando las consecuencias de la pandemia covid19 y, especialmente, su gestión colean, una guerra ha comenzado, poniendo patas arriba no sólo el «orden» -otra palabra injustificada- mundial, sino también cualquier atisbo de mejora de la emergencia climática. El entusiasmo por el gas desencadenado por la guerra hace temer que se incrementen las emisiones, hasta alcanzar una subida de 2,7ºC (si queda alguien para hacer estas mediciones). La Unión Europea ha decidido considerar «verdes» el gas y la energía nuclear. Se ha retrasado el abandono del carbón, e incluso se ha recuperado en países que ya lo habían abandonado.

La orgía armamentística de la que estamos siendo testigos, promovida por unos líderes políticos anclados en el si vis pacem para bellum, para enriquecimiento y regocijo de fabricantes y mercachifles de muerte, también afecta al clima. Según el informe del Centre Delàs «Los daños colaterales del clima. Cómo el gasto militar acelera el colapso climático», «cada dólar destinado al gasto militar no solo aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que además desvía recursos financieros, competencias y atención que podrían dedicarse a solucionar una de las mayores amenazas existenciales que la humanidad jamás ha enfrentado

Este desastre no es obra de la humanidad

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Todos los datos apuntan a que es obra de los seres humanos. ¿De todos? De ninguna manera. El 10% más rico de la población emite más del 50% del C02, mientras que el 10% más pobre no llega ni al 20%.

La sangrante paradoja es que, sin embargo, los efectos de la emergencia climática la llevan sufriendo también desde hace mucho esa mayoría de humanos que no contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ni se benefician de las actividades que las originan. El grupo de los Vulnerables 20 (V20), formado por 58 países de África y Próximo Oriente, calculan que los impactos de la crisis climática les ha costado unos 525.000 millones de dólares en las últimas dos décadas. El African Development Bank Group estima que los países africanos pierden cada año entre un 5 y un 15% del PIB a causa de estos impactos. Es como decir que pagan el festín quienes se quedan en ayunas.

Este escándalo tiene nombre: «injusticia climática», según la cual –señalan Mateo Aguado y Nuria del Viso (FUHEM) en «Desigualdades climáticas, una nueva fuente de injusticia social»– son las personas más pobres y los grupos sociales más marginados y discriminados los principales damnificados por los problemas ambientales y eventos extremos derivados de una alteración climática cuya responsabilidad principal se halla en el modo de vida de los más ricos, en el plano micro, y en las grandes estructuras de poder del capitalismo (que funciona a base de cargar sobre otros grupos y territorios los costes del sistema productivo), en el plano macro”. Es una violencia que no suele ser nombrada, aunque «son, por lo tanto, estos grupos de riqueza y de poder los que en el fondo acaparan el grueso de la violencia estructural que la atmósfera de la Tierra está sufriendo, y cuyas consecuencias afectan tanto a los ecosistemas y la biodiversidad del planeta como a las personas más pobres y vulnerables«, concluyen los mismos autores.

Excusas de mal pagador

Parece de elemental lógica, y de aún más elemental justicia, no solo frenar esta violencia, sino revertir esta injusticia: que la factura del festín la paguen quienes tienen silla en él y que nadie quede en ayunas. Cualquier estrategia de lucha contra la crisis climática pasa por aquí. «Es poco probable de las políticas de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático puedan tener éxito si no comienzan a reconocer y visibilizar las enormes injusticias existentes a su alrededor», afirman Aguado y del Viso. Es decir, los grandes emisores debemos frenar en seco y responsabilizarnos de que los V20 puedan hacer su transición energética.

El asunto era uno de los puntos centrales de la COP27 en el apartado «Pérdidas y daños»; es decir, dinero y justicia social. Pero los acuerdos alcanzados han sido bastante pobres. Y el punto de partida, negativo. Del fondo de 100.000 millones de dólares anuales que los países ricos acordaron entregar entre 2020 y 2024, la OCDE calcula que en 2020 se reunieron 83.300, aunque la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) estima que solo se consiguieron 40.000 millones; en todo caso, nunca se cumplió el acuerdo.

A la vista de tanta palabra y tan poco hecho, tal vez temiéndose lo peor, Oxfam llamaba a la acción las semanas previas al encuentro. «Imagina que se inunda tu casa y como única solución te dan unas botas de agua, o que se destruye y te entregan una pala. Con eso no tienes ni para empezar… De alguna manera, esto es lo que sucede cuando los países ricos y las empresas más responsables de causar el cambio climático destinan fondos ridículos para hacer frente a los daños que sufren las personas de los países más pobres. ¡Es indignante! Se necesitan soluciones reales contra el cambio climático y podemos exigirlas».

Llegaron a acuerdos en este campo, lo que es una buena noticia, pero -¡sorpresa!- sin concretar. Se establece un fondo para ayudar a los V20, pero no se dice de dónde saldrá el dinero. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se ha mostrado muy implicado durante la Cumbre, pidió en su discurso inaugural que «todos los Gobiernos cobren impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las empresas de combustibles fósiles. Redirijamos el dinero a las personas que luchan contra el aumento de los precios de los alimentos y la energía y a los países que sufren pérdidas y daños causados ​​por la crisis climática». Nunca más se supo.

Sobre atajar las causas de la emergencia climática ni siquiera se llegó a acuerdos. La declaración final subraya «la necesidad urgente de reducciones inmediatas, profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero», pero no se habla de cuántos grados reducir ni de compromisos concretos.

Haciendo balance de lo alcanzado en la COP27 en este terreno, Àlex Guillamón, copresidente de Lafede.cat, escribía: «El anuncio deja un sabor de boca agridulce. Es cierto que supone un reconocimiento político de la necesidad de este mecanismo de compensación, haciendo referencia, entre otros, a los desplazamientos forzados y los efectos en el patrimonio cultural, la movilidad y la vida, así como a los medios de subsistencia de las comunidades».

Pero no es cierto que se haya «creado» ni «establecido» ningún fondo, tal y como se ha dicho en muchos medios. Estamos solamente ante un titular detrás del cual no hay nada. Nada sobre cómo se creará y gestionará, ni sobre qué países deberían aportarle financiación, ni qué países tendrían derecho a recibirla, ni bajo qué criterios, ni sobre la cantidad, ni a partir de cuándo se hará efectivo. Otra patada hacia delante.»

Y ahora ¿qué? Preguntado sobre las expectativas del evento, Juan Bodera decía: «expectativas de dentro de la COP27, cero. Fuera, sí, en las movilizaciones que provoca». Esa es nuestra parte.

Araceli Caballero
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