El pasado mes de diciembre las organizaciones Greenpeace y Avaaz entregaron a la Comisión Europea más de un millón de firmas pidiendo una moratoria para los transgénicos (cultivos modificados genéticamente) mientras no se establezca un organismo nuevo e independiente, de carácter ético y científico, que evalúe su impacto.
Según el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, un millón de ciudadanos de distintos países de la Unión pueden pedir formalmente a la Comisión Europea cambios legislativos. Es el mecanismo que se conoce como Iniciativa Ciudadana Europea, en vigor desde diciembre de 2009. Avaaz y Greenpeace lograron en tan solo siete meses más de un millón de firmas verificables en los 27 estados miembros.
Sólo un mes antes, el Eurobarómetro publicado por la UE apuntaba en la misma dirección. El rechazo de la ciudadanía a los transgénicos sigue aumentando. A nivel europeo, el 61% de los ciudadanos los rechaza.
Mientras la ciudadanía expresa abiertamente su preocupación por unos cultivos que ponen la producción de alimentos en manos de las multinacionales de la biotecnología, la política mueve sus hilos de forma sigilosa. Los documentos hechos públicos por Wikileaks revelan una estrategia conjunta de los gobiernos de España y Estados Unidos a favor de los transgénicos en nuestro país, el único de la UE donde se cultivan a gran escala. Según los cables de la Embajada, España es «el mayor aliado» de Estados Unidos en su pugna a favor de los transgénicos en Europa. Un negocio que afecta a compañías norteamericanas como Monsanto o Syngenta.
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