En el mes de junio, el Gobierno de República Dominicana ha anunciado que comenzará las deportaciones masivas al término de su Plan de Regularización para extranjeros. La paradoja es que puede que en ese momento muchas de las personas a las que afecte no tengan patria a donde ser deportadas, puede que sean dominicanas de ascendencia haitiana que han sido privadas injustamente de su nacionalidad. Serán expulsados de su propio país.
Es difícil entender el proceso de la apatridia, sobre todo cuando nunca has salido del lugar donde naciste, no estás en un campo de refugiados, ni vienes de un país ocupado o en guerra. Esa extraña sensación de carecer de nacionalidad no puede darse porque vulnera los derechos fundamentales, toda persona tiene derecho a una nacionalidad al nacer, tal y como reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, hoy en día, en la República Dominicana miles de personas se enfrentan a este hecho: son apátridas en su propio país.
¿Cuál es el significado de ser apátrida? No tienes nacionalidad, no existes en ningún registro, no tienes documentación, no puedes ir a la escuela o la universidad, inscribir a tus hijos e hijas al nacer, casarte, firmar un contrato, abrir una cuenta bancaria ni puedes votar. En definitiva, tus derechos civiles son vulnerados constantemente y te encuentras en un limbo jurídico.
Esta confusa situación se produce en el República Dominicana desde septiembre de 2013 cuando entró en vigor la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que denegaba la nacionalidad a Juliana Deguis -dominicana de nacimiento e hija de padres haitianos- y con carácter retroactivo se aplicaba a todas las personas de su misma condición nacidas en el país desde 1929. Con una simple sentencia se privaba de nacionalidad a unas 250.000 personas dominicanas de origen haitiano.
Ante esta situación, la sociedad civil se organizó en el Movimiento Reconoci.do y en Dominican@s por Derecho, que representan a las personas afectadas por la sentencia. Comenzó entonces un trabajo de denuncia y presión al Gobierno dominicano que ha tenido algunos resultados positivos, aunque a día de hoy todavía no se ha resuelto. En mayo de 2014, el presidente Danilo Medina se vio obligado a presentar en el Parlamento la ley 169-14, que planteó un Plan de Naturalización y un Plan de Regularización para resolver el conflicto.
Por medio del Plan de Naturalización se “devolvía” la nacionalidad a todas aquellas personas de ascendencia haitiana inscritas entre 1929 y 2007, por lo que se instaba a la Junta Central Electoral a devolver su documentación a todas estas personas, que, de la noche a la mañana, perdieron sus derechos. Sin embargo, la decisión de establecer dos planes diferenciados aún dejaba en mayor vulnerabilidad a un grupo de personas nacidas en la República Dominicana, hijos e hijas de padres haitianos que llegaron al país a trabajar en la zafra del azúcar y jamás fueron inscritos en ningún registro. El Plan de Regularización propuso un plazo para inscribir a estas personas en un Libro de Extranjeros donde, tras cumplir unos requisitos y pasar unos años, podrían regular su situación y naturalizarse. Los plazos se han ido alargando -octubre, febrero, junio- y la situación no mejora. Las organizaciones sociales denuncian que no ha habido voluntad política ni medios suficientes para llegar a estas personas que viven en las zonas más marginales y alejadas de las oficinas administrativas del Estado. La falta de información y los costes administrativos en las tarifas de legalización son dos de las principales trabas con las que se encuentra esta población.
Desde octubre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Gobierno de la República Dominicana a paralizar el proceso de inmediato, mediante un fallo que reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional y parte de la Ley 169-14 relativa al proceso de regulación como contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y como medidas discriminatorias y arbitrarias. Pero las autoridades dominicanas han rechazado esta resolución y se niegan a cumplirla, manifestando que nadie ha quedado en situación de apatridia y que es una situación de injerencia de países extranjeros en cuestiones nacionales.
Y, cuando se acabe el plazo definitivo a mediados de junio, ¿qué pasará? Se anuncian las deportaciones por parte del gobierno, pero el problema de registro y reconocimiento civil de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana no es un asunto migratorio, como algunas fuerzas políticas han querido hacer ver. Estas personas han nacido y crecido en la República Dominicana y han sido despojadas de su nacionalidad de forma retroactiva en función de una sentencia injusta. Desde las organizaciones sociales se pide el apoyo internacional para que se muestre que el proceso de desnacionalización está vulnerando los derechos de muchas personas mediante una discriminación institucionalizada. Acciones como la campaña Vidas en Pause (www.vidasenpause.com) de la ONG InspirAction pretende dar a conocer la situación y poner en primera plana los testimonios de estas personas que ven cómo sus vidas son interrumpidas por un problema administrativo que esconde una discriminación racial.
Para Mario Serrano, director de las Obras Sociales de la Compañía de Jesús en la República Dominicana que trabaja mano a mano con las personas afectadas, “el plazo de inscripción terminará, pero los derechos no pueden prescribir y la declaración tardía es un requisito previsto en la Ley General en el país”. Aunque su preocupación es que “sin duda, a todas estas personas se les ha hecho sentir que no son nada, están desesperanzados, perseguidos… todo este proceso les ha dado duro en su autoestima”.
“Por más de treinta años nací, viví y crecí como dominicano, pero ahora es como si ya no pudiera decir que pertenezco a esta tierra”, lamenta Emildo Bueno Oguis. Aún hoy, de aquellas personas a quienes se les retiró la documentación tras la sentencia 168 todavía hay quienes no han podido obtenerla de vuelta porque la Junta Central Electoral se salta su propia reglamentación y no cumple con la ley 169. Pero para quien sin duda ha sido un fracaso el proceso de regularización de la ley es para todas aquellas personas no registradas que en estos momentos tienen la sombra de la apatridia sobre ellas y la amenaza de la deportación a un país que no conocen, aunque ellos sepan claramente de dónde son.
Me dedico a la comunicación social porque es el lugar de los procesos de cambio y transformación. He trabajado para diferentes ONG, fundaciones y entidades públicas de cooperación como la AECID, con el firme propósito de tener cosas interesantes y motivadoras que contar.
Ahora, centrada en la acción social aquí, lo hago desde Solidarios. Me uní al camino de Alandar hace años con ilusión y con ganas porque somos tantas Iglesias que es necesario contarlas.
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