La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio -premio Alandar 2024, junto a la Asociación de Teólogas Españolas- suma, a las dificultades de su misión en semejante contexto, los continuos obstáculos que el Estado israelí, ocupante de los territorios palestinos, pone continuamente en su camino. El culmen ha sido la reciente ley que, de hecho, le prohíbe llevar a cabo su labor y privar así de ayuda humanitaria a casi seis millones de palestinos refugiados en la Palestina ocupada.
El Parlamento israelí, la Knesset, aprobó el pasado 28 de octubre, con 92 votos a favor y 10 en contra, dos leyes que prohíben a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) realizar su labor dentro de Israel y a las autoridades israelíes tener cualquier contacto con la Agencia, lo que hará imposible el flujo de la ayuda humanitaria para Gaza, ocupada por el país hebreo. La aprobación de ambas leyes supondrá, a medio plazo, privar a los palestinos de su condición de refugiados.
La UNRWA fue creada en 1949 para proporcionar “programas de ayuda y obras directas” a los refugiados palestinos expulsados de sus lugares de origen tras la fundación del Estado de Israel en 1948, “hasta que se encuentre una solución justa y duradera a su difícil situación”. Su labor es esencialmente humanitaria: ofrecer comida, cobijo, educación y sanidad a los palestinos refugiados de menos recursos. Actualmente atiende a casi seis millones de palestinos refugiados en la Palestina ocupada, así como en Jordania, Líbano y Siria. En Gaza viven más de dos millones de refugiados, la mayoría de los cuales dependen para su subsistencia de los servicios de la UNRWA, que tiene en la región unos 13.000 empleados.
En Gaza viven más de dos millones de refugiados; la mayoría depende para su subsistencia de los servicios de la UNRWA, que tiene en la región unos 13.000 empleados, a los que pueden aplicar la ley antiterrorista israelí
Las autoridades israelíes perciben a la UNRWA como una piedra en el camino que debe ser barrida porque afirman, sin aportar pruebas, que en la Agencia hay más de 2.000 terroristas y que está en connivencia con Hamás. La nueva legislación llega después de un año de flagrante y permanente acoso contra dicho organismo. Además, con las nuevas leyes se podrá detener y aplicar la ley antiterrorista israelí al personal de la UNRWA.
Muchos países han condenado la nueva legislación. Más de 120 Estados miembros de Naciones Unidas han firmado una declaración conjunta condenando dichas leyes, también lo ha hecho la Unión Europea; sin embargo, ningún Gobierno ha propuesto acciones contra Israel para evitar su aplicación.
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas tiene preparadas 100.000 toneladas de alimentos para ser enviados a Gaza, pero el Gobierno de Israel no permite su entrada
Paralelamente, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha lanzado una nueva alerta, solicitando medidas inmediatas para evitar que se intensifique la hambruna en la Franja de Gaza. Dicho organismo tiene preparadas 100.000 toneladas de alimentos para ser enviados a Gaza desde Egipto y Jordania, pero el Gobierno de Israel no permite su entrada.
El pasado mes de octubre entraron en la Franja un promedio de unos 30 camiones diarios con ayuda humanitaria, pero serían necesarios 350 al día para satisfacer las necesidades básicas de la población de Gaza, necesidades que aumentan día a día.
En los desplazamientos masivos de civiles palestinos el ejército israelí ha usado la violencia y ha destruido más del 70% de las tierras agrícolas, además de pozos y tanques de agua
La ayuda humanitaria de la UNRWA resulta a todas luces imprescindible para atender las necesidades básicas de los refugiados palestinos. Según un informe presentado por Forensic Architecture -grupo de investigación sobre casos de violencia estatal y violaciones de los derechos humanos-, desde el 7 de octubre de 2023, se han documentado desplazamientos masivos de civiles palestinos llevados a cabo por el ejército israelí, argumentando la necesidad de buscar “rutas y zonas seguras” para la población palestina.
En el informe se señala que en tales operaciones el ejército israelí ha usado la violencia contra la población civil y ha destruido más del 70% de las tierras agrícolas, además de pozos y tanques de agua. Los testimonios de la población, las evaluaciones de Naciones Unidas y de otras organizaciones confirman que “no hay un lugar seguro en Gaza”. Las órdenes de desplazamientos del ejército israelí sólo han servido para aumentar las muertes y la destrucción en la zona.
